El año 2024 será recordado como un periodo de profundas contradicciones en la historia de la tauromaquia mexicana. Mientras el país avanzaba hacia un nuevo paradigma constitucional que reconoce a los animales como seres sintientes dignos de protección, 418 eventos taurinos —entre corridas de toros, novilladas y becerradas— se celebraron en diversas entidades del territorio nacional. Esta cifra, documentada por la investigación de Sofía Morín, abogada especializada en derecho animal, revela la persistencia de una industria que se resiste a desaparecer pese al creciente rechazo social y al marco legal que comienza a cercarla.
"Los datos de 2024 demuestran que la tauromaquia no es una tradición arraigada en todo México, sino una imposición concentrada en ciertos estados y sostenida por intereses económicos y políticos específicos", explica Morín. "Cuando analizamos las cifras, vemos que tres entidades —Yucatán, Campeche y Aguascalientes— concentran más del 37% de todos los eventos del país. Esto desmiente el argumento de que se trata de una práctica cultural generalizada".
Una geografía desigual de la violencia
La distribución territorial de los eventos taurinos en 2024 confirma que la llamada "fiesta brava" no es un fenómeno uniforme en México. Yucatán encabezó la lista con 73 eventos, seguido por Campeche con 44 y Aguascalientes con 39. Esta concentración geográfica contrasta dramáticamente con la realidad de estados como Sonora, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa, donde la tauromaquia está completamente prohibida desde antes de 2024.
"La concentración de eventos en ciertos estados revela cómo opera esta industria", añade Morín. "No estamos hablando de una manifestación cultural espontánea, sino de un negocio controlado por ganaderías específicas y empresarios que cuentan con protección política. Los 418 eventos no representan la voluntad de millones de mexicanos, sino los intereses de una élite económica que explota animales para lucrar".
Un dato particularmente alarmante es que en Quintana Roo, donde la tauromaquia está legalmente prohibida, se registraron 8 eventos taurinos ilegales durante 2024. Este desacato a la ley estatal evidencia la impunidad con la que opera el sector y la falta de mecanismos efectivos de vigilancia y sanción por parte de las autoridades.
Un espectáculo de hombres y para hombres
El análisis de quiénes participan en estos eventos revela otra dimensión del problema: la tauromaquia mexicana es abrumadoramente masculina. De los 323 lidiadores que actuaron en 2024, únicamente 9 eran mujeres, lo que representa apenas el 2.8% del total. Esta estadística desmiente cualquier argumento sobre diversidad o inclusión en el sector.
"El carácter profundamente machista de la tauromaquia no es casual", afirma Morín. "Se trata de un espectáculo que glorifica una masculinidad basada en la dominación violenta, donde el 'valor' se mide por la capacidad de torturar y matar a un animal indefenso. Que el 97% de los lidiadores sean hombres no es coincidencia, es parte de una estructura patriarcal que vincula hombría con violencia".
La investigación también reveló que hubo más novilleros (146) que toreros (126), además de 23 rejoneadores, 15 aficionados prácticos y 13 becerristas. Del total de lidiadores, 130 personas —más del 40%— actuaron una sola vez durante todo el año, lo que cuestiona el argumento de que la tauromaquia representa una fuente de empleo estable.
El monopolio ganadero y la concentración económica
El análisis del sector ganadero revela que la tauromaquia mexicana está dominada por un puñado de criadores. De las 245 ganaderías de toros de lidia registradas ante la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia (ANCTL), solamente 140 vendieron animales para eventos taurinos en 2024. Más revelador aún: de las 170 ganaderías que comercializaron toros, 65 —es decir, el 38%— solo participaron en una sola corrida durante todo el año.
Cuatro ganaderías controlan el mercado: San Marcos (Jalisco) con 18 corridas, San Martín de Porres (Yucatán, no registrada) con 17 corridas, Quiriceo (Campeche) con 15 corridas y Marrón (Guanajuato) también con 15 corridas. Estas cuatro empresas acapararon el 15.5% de todos los eventos del país.
"Hablar de tauromaquia como 'patrimonio cultural' es una falacia cuando está controlada por cuatro ganaderías y un puñado de empresarios", sostiene Morín. "Esto no es cultura popular, es un oligopolio que genera millones de pesos a costa del sufrimiento animal y que se protege mediante redes de corrupción política. Las cifras demuestran que estamos ante un negocio privado, no ante una tradición del pueblo mexicano".
El mito del empleo y la naturaleza estacional del negocio
Uno de los argumentos más utilizados por la industria taurina para resistirse a las prohibiciones es la supuesta pérdida de empleos. Sin embargo, los datos de 2024 contradicen esta narrativa. Con 323 lidiadores en 418 eventos, cada participante tuvo un promedio de apenas 3.9 actuaciones en todo el año. Esto significa que, incluso para quienes trabajan directamente en el ruedo, la tauromaquia no representa una fuente de ingresos constante sino una actividad esporádica.
"El argumento del empleo es profundamente deshonesto", explica Morín. "Primero, porque los números demuestran que es una actividad estacional que no genera empleos permanentes para la mayoría de los involucrados. Segundo, porque ningún supuesto beneficio económico puede justificar la tortura sistemática de miles de animales. Y tercero, porque la reconversión hacia espectáculos sin violencia o hacia otras industrias culturales y turísticas puede generar empleos dignos y éticos, algo que la tauromaquia jamás logrará".
La concentración de eventos en fechas específicas —ferias estatales, festividades patronales— confirma que se trata de una actividad estacional vinculada a contratos gubernamentales y subsidios públicos, no de una industria que genere empleos durante todo el año.
2024: el año de la reforma constitucional
El 2 de diciembre de 2024, México dio un paso histórico con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional que modificó los artículos 3, 4 y 73 de la Carta Magna. La adición al artículo 4 establece explícitamente que "queda prohibido el maltrato a los animales", elevando el bienestar animal a rango constitucional y obligando al Estado a garantizar su protección.
Esta reforma representa el golpe jurídico más contundente que la tauromaquia ha recibido en la historia del país. Al convertir el maltrato animal en una violación constitucional, se elimina cualquier posibilidad de justificar la tortura de toros bajo argumentos de tradición o cultura.
"La reforma constitucional de diciembre de 2024 cambió todo el panorama legal", afirma Morín. "A partir de ese momento, cada corrida de toros que se celebra en México es, técnicamente, una violación a la Constitución. El problema es que las estructuras de poder siguen protegiendo a la industria taurina mediante dilaciones judiciales, omisiones administrativas y complicidad política. Pero la ley es clara: la tauromaquia es maltrato animal y, por lo tanto, es inconstitucional".
Estados que avanzan, estados que resisten
Durante 2024 y principios de 2025, varios estados mexicanos consolidaron o implementaron prohibiciones totales a la tauromaquia. Sonora mantiene su posición como pionero desde 2013, mientras que Michoacán se sumó a este grupo el 3 de abril de 2025 tras una histórica votación en su Congreso local que prohibió cualquier espectáculo que implique derramamiento de sangre o sufrimiento animal.
La Ciudad de México adoptó un modelo híbrido controvertido: en marzo de 2025 implementó la figura del "espectáculo taurino libre de violencia", que prohíbe la muerte del animal, el uso de instrumentos punzantes y limita los encuentros a 10 minutos por toro. Si bien la intención era conciliatoria, en la práctica equivale a una prohibición de facto, pues elimina los elementos centrales de la lidia tradicional.
"Las prohibiciones estatales son avances importantes, pero insuficientes mientras no exista una ley federal que prohíba la tauromaquia en todo el territorio nacional", señala Arturo Berlanga, director de AnimaNaturalis en México. "La fragmentación legislativa permite que los empresarios taurinos busquen refugio en estados con normativas laxas o autoridades corruptas. México necesita una Ley General de Bienestar Animal que establezca criterios mínimos de protección uniformes para todo el país".
La ilegalidad sanitaria: un camino inexplorado
Uno de los hallazgos más relevantes del análisis jurídico realizado por AnimaNaturalis y CAS International es que la tauromaquia viola sistemáticamente la Ley Federal de Sanidad Animal y la NOM-033-SAG-ZOO-2014, que regula los métodos para sacrificar animales.
Estas normativas establecen que el sacrificio de animales no destinados al consumo humano solo está permitido en casos de enfermedad, accidente o sufrimiento incurable, y que debe realizarse mediante procedimientos que minimicen el dolor. La lidia —con sus puyas, banderillas, espadas y puntillas— es la antítesis de un sacrificio humanitario.
En mayo de 2024, un tribunal federal ordenó a la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y al SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) inspeccionar y sancionar las corridas de toros por violación a estas normativas. Las multas pueden alcanzar entre 2.4 y 12.4 millones de pesos por evento.
"La vía sanitaria es extremadamente efectiva porque no requiere cambios legislativos complejos", explica Berlanga. "Las leyes ya existen y son claras. El problema es que las autoridades federales han sido sistemáticamente omisos en aplicarlas, probablemente por presión política de los empresarios taurinos. Pero tenemos una sentencia judicial que les ordena actuar. Si SENASICA cumpliera con su obligación legal, la tauromaquia dejaría de ser viable económicamente en cuestión de meses".
La corrupción como sostén del sistema
La persistencia de la tauromaquia pese al rechazo social mayoritario y al nuevo marco constitucional se explica, en gran medida, por las redes de corrupción que vinculan a empresarios taurinos con figuras políticas de alto nivel.
El caso más emblemático es el del diputado federal Pedro Haces Barba (Morena), propietario de una plaza de toros en el Ajusco, fundador de la Asociación Mexicana de la Tauromaquia y líder de la CATEM. Según el "Anuario de la Corrupción 2025" de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Haces ha utilizado su posición legislativa para bloquear reformas contra la tauromaquia y para beneficiar financieramente a su círculo cercano.
Las familias Baillères y Cosío, propietarias de la Plaza México y de ganaderías influyentes, representan el poder económico que blinda al sector. Estos grupos han ejercido intenso cabildeo para dilatar los procesos judiciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha rechazado sistemáticamente atraer amparos que podrían resolver definitivamente la constitucionalidad de la tauromaquia.
"La corrupción es el pilar invisible que sostiene a la tauromaquia en México", denuncia Berlanga. "Sin la complicidad de legisladores como Haces, sin la omisión de las autoridades sanitarias, sin el cabildeo de las élites económicas que controlan las plazas, este espectáculo violento ya habría desaparecido. Los 418 eventos de 2024 no son prueba de arraigo cultural, son prueba de impunidad sistémica".
Un espectáculo ajeno a la cultura mexicana
Contrario a lo que sostiene la propaganda taurina, las corridas de toros no son parte de la cultura originaria de México sino una imposición colonial española. Las comunidades indígenas y mestizas del país desarrollaron durante siglos formas de relacionarse con los animales basadas en el respeto y la reciprocidad, no en la tortura como entretenimiento.
"Es fundamental desmontar el mito de que la tauromaquia es 'mexicana'", enfatiza Morín. "Es un legado colonial que nunca representó a la mayoría de la población. Las verdaderas tradiciones mexicanas están en nuestras fiestas comunitarias, en nuestra gastronomía, en nuestro arte y música. La tauromaquia es una imposición de las élites que se ha mantenido mediante privilegios económicos y políticos, no mediante arraigo popular genuino".
Las encuestas recientes muestran que más del 70% de la población mexicana rechaza la tauromaquia, y que el rechazo es aún mayor entre las nuevas generaciones. Este dato confirma que la sociedad mexicana está transitando hacia una ética de respeto por los animales incompatible con la violencia taurina.
El daño a la infancia y la pedagogía de la violencia
Uno de los aspectos más preocupantes de la tauromaquia es su impacto en el desarrollo emocional de niños y adolescentes. Desde 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha recomendado a México prohibir la participación de menores en escuelas taurinas y su asistencia como espectadores, argumentando que la exposición a este tipo de violencia tiene efectos perjudiciales en su desarrollo físico, mental y moral.
Estudios psicológicos citados por organizaciones como CoPPA (Colectivo de Profesionales para la Prevención de Crueldad Animal) y la Fundación Franz Weber indican que normalizar el maltrato animal en contextos festivos puede ser precursor de conductas violentas en otros ámbitos. La desensibilización ante el sufrimiento ajeno, particularmente cuando es celebrado por figuras de autoridad, distorsiona la capacidad empática de los menores.
"En un país con índices alarmantes de violencia interpersonal como México, permitir que niños observen y celebren la tortura de un animal es pedagógicamente irresponsable y socialmente peligroso", advierte Berlanga. "No podemos aspirar a construir una sociedad pacífica si seguimos enseñando a nuestros niños que la violencia puede ser entretenimiento. La prohibición de la tauromaquia es, también, una medida de prevención de violencia a largo plazo".
El camino hacia la abolición definitiva
Los datos de 2024 confirman que la tauromaquia mexicana se encuentra en un punto de no retorno. La industria ha perdido la batalla ética, jurídica y social. La reforma constitucional de diciembre de 2024, las prohibiciones estatales en expansión, las sentencias judiciales que ordenan la aplicación de normativas sanitarias y el rechazo mayoritario de la población configuran un escenario donde la supervivencia del sector depende únicamente de la corrupción y la impunidad.
"Los 418 eventos de 2024 son el último suspiro de una industria agónica", concluye Morín. "Cada corrida que se celebra hoy es una afrenta a la Constitución, a las leyes de sanidad animal y a la ética que la mayoría de los mexicanos ya ha adoptado. La pregunta no es si la tauromaquia desaparecerá en México, sino cuándo tendremos el valor político de aplicar las leyes que ya existen y de cerrar definitivamente las plazas de tortura que aún operan al amparo de la corrupción".
La transición hacia un México libre de violencia taurina no es una aspiración futura sino una realidad jurídica en proceso de consolidación. Los datos de 2024 no muestran una tradición vibrante, sino una industria residual sostenida artificialmente por privilegios ilegítimos que el Estado está comenzando a desmantelar. El fin de la tauromaquia en México es inevitable; solo falta la voluntad política para ejecutarlo.
